En una sesión informativa clave para la transparencia municipal, el alcalde de Laredo, Dr. Victor Treviño, ha detallado los alcances reales del reciente acuerdo de Derecho de Entrada (ROE) otorgado al Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El mandatario fue enfático al señalar que el permiso tiene fines exclusivamente logísticos y no representa un «cheque en blanco» para la construcción inmediata de barreras físicas.
Estudios técnicos, no muros de acero
La aclaración surge para disipar rumores tras la aprobación unánime del Cabildo para permitir que agentes federales accedan a terrenos municipales. El alcalde explicó que el permiso se limita a la realización de estudios topográficos, evaluaciones ambientales y levantamientos de límites en un tramo de aproximadamente 15 millas a lo largo del Río Grande.
«Este paso es estrictamente para la recolección de datos técnicos», aseguró Treviño. «La ciudad sigue firme en su postura de negociar diseños que no afecten el desarrollo económico ni el acceso a recursos vitales como nuestra planta de tratamiento de agua».
Blindaje a zonas estratégicas
Uno de los puntos más relevantes de la aclaración es la exclusión de áreas críticas de cualquier diseño de muro tradicional. El plan de la ciudad contempla:
- Corredores de Comercio: Protección de los terrenos destinados a la expansión de los puentes internacionales.
- Zonas Recreativas: Preservación del entorno del campo de golf Max Mandel.
- Seguridad Hídrica: Vigilancia de que ninguna infraestructura interfiera con las tomas de agua potable.
El factor de las boyas en el río
Sobre la reciente instalación de boyas en el caudal del río, el alcalde aclaró que, al ser una operación en aguas internacionales, la ciudad no tiene jurisdicción directa para otorgar o denegar permisos. No obstante, confirmó que mantienen una comunicación constante con el gobierno federal para asegurar que estos dispositivos no representen un riesgo para los equipos de rescate o la infraestructura hidráulica local.
Próximos pasos: El estudio independiente
Como medida adicional de seguridad, Laredo ha ordenado un estudio hidráulico independiente para evaluar cómo cualquier estructura futura podría alterar el flujo del río y aumentar el riesgo de inundaciones en zonas residenciales. Con esta estrategia, el gobierno local busca cumplir con los mandatos federales sin comprometer la seguridad y la estética de la región fronteriza.
