La Junta de Presupuesto Legislativo (LBB) ha emitido un informe oficial en el que señala que el Departamento de Servicios Familiares y de Protección de Texas (DFPS) carece de los mecanismos de transparencia necesarios para detallar los costos reales de su sistema de acogida (foster care). Según el documento, la transición progresiva hacia el modelo de privatización a través de Contratistas de Continuo de Fuente Única (SSCC) se ha realizado bajo marcos legales que no les exigen desglosar públicamente sus gastos, lo que obstaculiza la supervisión del Congreso estatal sobre el uso de los fondos públicos.
El informe detalla que el destino de importantes partidas presupuestarias se mantiene bajo opacidad:
- Contratos privados sin fiscalización: Desde el inicio de la privatización de los servicios de colocación en 2017, el estado ha entregado contratos masivos. Los cinco contratos multianuales más grandes con las SSCC ascienden a un valor combinado de 1,340 millones de dólares, de los cuales no existen reportes regulares de egresos detallados.
- Alojamiento temporal de emergencia: El costo de supervisar a «Niños Sin Colocación» (CWOP) —menores que terminan en hoteles u oficinas gubernamentales debido a la falta de camas disponibles— sigue siendo masivo. Desde 2022, estas colocaciones temporales han costado a Texas cerca de 150 millones de dólares, sumados a otros 146.7 millones de dólares destinados a viviendas de emergencia, sin reportes claros que vinculen los gastos con el volumen real de menores atendidos.
La publicación de esta auditoría se produce en un clima de alta sensibilidad social, acentuado por la reciente rescisión del contrato de la empresa EMPOWER —el mayor proveedor del área de Dallas— tras registrarse la muerte de dos menores bajo su tutela en un lapso de dos años. Ante el panorama expuesto por el órgano fiscalizador, agrupaciones de defensa de los derechos de la infancia exigen a los legisladores la creación de una oficina del defensor del pueblo (ombudsman
