La medida incluye al Cártel de Sinaloa, CJNG y otros grupos, intensificando la presión sobre el crimen organizado transnacional.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha designado oficialmente a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. Esta decisión, anunciada el 6 de febrero y publicada en el Registro Federal, incluye al Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cárteles Unidos, Cártel del Noreste, Cártel del Golfo y La Nueva Familia Michoacana. Además, se incorporan a la lista el Tren de Aragua, una banda criminal venezolana, y la Mara Salvatrucha (MS-13), una pandilla de origen centroamericano.
Esta designación prohíbe a los ciudadanos estadounidenses proporcionar apoyo material a estas organizaciones y permite la deportación de sus miembros. La medida se basa en la evaluación de que estas organizaciones representan un riesgo significativo para la seguridad nacional, la política exterior y los intereses económicos de Estados Unidos.
La decisión se produce en un contexto de creciente tensión entre Estados Unidos y México. El presidente Donald Trump había emitido un decreto el 20 de enero solicitando a los funcionarios evaluar si algún cártel criminal o pandilla transnacional debería ser designado como grupo terrorista. Durante su presidencia de 2017 a 2021, consideró tales designaciones, pero finalmente archivó los planes. Tras asumir el cargo, Trump también ordenó a funcionarios de alto rango que tomaran medidas para prepararse para invocar una ley de 1798 en tiempos de guerra que podría permitirle deportar a presuntos miembros de pandillas sin audiencias judiciales.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha expresado su preocupación por la designación, enfatizando la importancia de respetar la soberanía nacional y la independencia de México. Sheinbaum destacó que las operaciones de espionaje de Estados Unidos contra los cárteles en México no son ilegales y forman parte de la colaboración en seguridad entre ambos países. Sin embargo, subrayó que no permitirá intromisiones que comprometan la soberanía nacional.
Esta designación podría tener implicaciones significativas en las relaciones bilaterales, afectando aspectos como la cooperación en seguridad, el comercio y la migración. Además, podría influir en las políticas de deportación y en la colaboración en la lucha contra el crimen organizado transnacional.
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