El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se encuentra en el centro de una polémica internacional luego de que autoridades federales de Estados Unidos lo incluyeran en una acusación judicial por presuntos vínculos con el narcotráfico y con integrantes del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la DEA, Rocha Moya figura junto a otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses acusados de facilitar actividades ilícitas relacionadas con el trasiego de drogas hacia Estados Unidos. La investigación sostiene que los implicados habrían abusado de su autoridad para proteger operaciones criminales, participando en actos de violencia, intimidación y sobornos.
Entre los señalados se encuentran Enrique Inzunza Cázarez, exsecretario general de Sinaloa; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas; Dámaso Castro Zaavedra, subfiscal general; Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, exjefes de la Policía de Investigación; así como otros exfuncionarios y autoridades municipales, entre ellos Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa; José Antonio Dionisio Hipólito, alias Tornado, exsubdirector de la Policía Estatal; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán; y Juan Valenzuela Millán, alias Juanito, excomandante de alto rango en la Policía Municipal de Culiacán, quienes presuntamente habrían colaborado para proteger operaciones delictivas y facilitar la movilidad de cargamentos de drogas dentro del estado.
El expediente judicial sugiere que, incluso antes de asumir la gubernatura en 2021, Rocha Moya y otros actores políticos locales habrían mantenido presuntos vínculos con la facción criminal conocida como “Los Chapitos”, que habría influido en procesos políticos mediante intimidación. Además, algunos de los acusados habrían utilizado cargos estratégicos en seguridad y administración pública para proteger operaciones de tráfico de drogas y facilitar la movilización de cargamentos.
La carpeta judicial también incluye acusaciones por delitos relacionados con armas de fuego, conspiración criminal, secuestros y homicidios, lo que podría derivar en sanciones severas dentro del sistema judicial estadounidense.
Hasta el momento, ni el gobierno estatal ni el propio Rocha Moya han emitido una postura oficial sobre los señalamientos. El caso ha generado preocupación sobre la relación bilateral entre México y Estados Unidos, así como repercusiones políticas dentro de Sinaloa.
