El Parlamento Europeo votó este miércoles a favor del texto del Reglamento de Retornos que permite, entre otros puntos, la creación de centros de devolución de migrantes en terceros países, así como agilizar las deportaciones.
Con 418 votos a favor, 218 en contra y 30 abstenciones, los eurodiputados avalaron el texto, al que España se opuso desde su concepción, después de que las instituciones europeas alcanzaran un acuerdo político provisional el pasado 1 de junio.
La principal novedad de este reglamento es la posibilidad de que los Estados miembros deporten a migrantes a los denominados «centros de retorno» situados en países ajenos a la Unión Europea, un modelo que sigue la estela de la iniciativa impulsada por Italia en Albania durante el 2024, que actualmente se encuentra paralizada por decisiones judiciales.
Qué dice la norma
Según la nueva norma, será posible trasladar a los migrantes con una resolución de retorno, a excepción de los menores no acompañados, a los «centros de retorno» situados en el territorio de un país que acepte acogerlos, en base a un acuerdo con un Estado miembro.
Los ciudadanos de países de fuera de la Unión que hayan recibido dicha orden de retorno estarán obligados a cooperar con las autoridades. Para preparar su retorno, podrán ser detenidos, tras una evaluación individualizada, por ejemplo, si no cooperan, si existe riesgo de fuga o si suponen un riesgo de seguridad.
La detención deberá ser ordenada por una autoridad administrativa o judicial, y podrá alargarse 24 meses, prorrogables hasta seis meses más si cambian las circunstancias, surge nueva información o mejora la cooperación con un país de fuera de la Unión, ha explicado el Parlamento Europeo en un comunicado.
El pasado 11 de junio, España formalizó ante la UE su rechazo a esta normativa en un documento en el que cuestionó la legalidad y proporcionalidad de algunas de las medidas, como la de llevar a personas en situación administrativa irregular a permanecer privadas de libertad durante más tiempo que delincuentes condenados por delitos graves.
Los acuerdos solo podrán firmarse con países de fuera de la Unión que respeten los derechos humanos, el derecho internacional y el principio de no devolución, ha explicado el Parlamento Europeo en un comunicado.
Las autoridades nacionales deberán informar a la Comisión y a los demás Estados miembros antes de su entrada en vigor. En la actualidad, Alemania, Austria, Dinamarca, Países Bajos y Grecia negocian conjuntamente con terceros países -que no han trascendido- para poner en marcha estos centros de retorno.
Aplaudido por la derecha, cuestionado por la izquierda
La votación fue celebrada con aplausos por los grupos políticos de la derecha, mientras se escuchaban gritos de «Shame on you» (dais vergüenza, en inglés) por parte de eurodiputados de la izquierda. El Reglamento deberá ser aprobado finalmente en el Consejo de ministros de Interior de la UE antes de su entrada en vigor.
«Europa ha cumplido. Los ciudadanos esperan, con razón, que quienes no tienen derecho a quedarse regresen a sus países de origen. Por eso mi prioridad es clara: medidas de retorno eficaces y realistas. Y después de casi veinte años de bloqueo, Europa va a contar con ellas. El retorno es la pieza final del sistema europeo de gestión migratoria, y estoy muy orgulloso de ponerla en su lugar», ha dicho el eurodiputado de Renew Malik Azmani, ponente del texto.
Mientras, el reglamento es muy cuestionado desde la izquierda, que considera que socava derechos fundamentales.
«Hoy es un día triste para los derechos humanos», ha considerado la eurodiputada de Sumar, Estrella Galán, quien afirma que este reglamento «permite la creación de un ICE europeo (en referencia a la política antiinmigración de Donald Trump) así como la puesta en marcha de centros en terceros países que no respetan los derechos humanos para encerrar incluso a familias con niños y niñas». «El derecho de asilo ha muerto hoy en este Parlamento», ha apuntado Galán, del grupo de La Izquierda en el Parlamento Europeo.
El texto aún debe ser adoptado formalmente por el Consejo y, posteriormente, será publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, antes de su entrada en vigor.
