Un acuerdo judicial ha drenado casi $6 millones de los fondos de reserva de la ciudad de Laredo, y los documentos judiciales plantean preguntas sobre cómo las acciones de un concejal llevaron a la costosa batalla legal.
El acuerdo surge de una demanda interpuesta por Gubagreen Industrial LLC, una empresa de transporte que adquirió aproximadamente 17 acres a lo largo del bulevar Muller, frente a la escuela primaria Muller. La propiedad estaba clasificada como M1 para industria ligera y almacenamiento de tractocamiones cuando se adquirió en 2019.
El proceso de aprobación de la propiedad siguió los procedimientos normales.
Cuando Gubagreen presentó su solicitud final para que se hicieran planos de la propiedad para las líneas de alcantarillado, el ingeniero de la ciudad en ese momento, Ramón Chávez, dijo bajo juramento en su declaración que «los planes de construcción para mejoras en las calles y el drenaje pluvial han sido revisados y aprobados para la subdivisión».
Otros departamentos también aprobaron el plano de Gubagreen, según la declaración, incluido el departamento de tránsito y el administrador de la ciudad, Joe Neeb, quien dijo bajo juramento que «no había posibles preocupaciones o problemas de tránsito que pudieran representar un peligro para la seguridad».
Ordenanza pasó por alto la comisión de planificación y zonificación
A pesar de las aprobaciones, se propuso una nueva ordenanza que prohibía “el estacionamiento o almacenamiento de cualquier vehículo comercial que exceda una tonelada o tenga más de dos ejes a menos de mil pies de cualquier escuela pública o privada, parque o patio de juegos”.
La ordenanza no existía cuando Gubagreen compró la propiedad y evitó el proceso normal de la comisión de planificación y zonificación.
Según testimonio jurado, el director de planificación de la ciudad en ese momento, Orlando Navarro, dijo que la concejal Vanessa Pérez se acercó a él en una reunión y le ordenó que presentara la ordenanza propuesta al consejo sin enviarla a planificación y zonificación.
Bajo juramento, a Navarro le preguntaron por qué no envió la ordenanza a Planificación y Zonificación. Respondió: «Hubo una discusión; la concejala quería que esto se enviara directamente al Consejo. Contacté al abogado para decirle que debía pasar por el proceso. Pero aun así, se envió directamente al Ayuntamiento».
El concejal se comunicó con varios jefes de departamento
Navarro testificó que no era la primera vez que recibía una orden directa de Pérez. Recordó una llamada telefónica de ella después de enterarse de que Gubagreen había presentado su solicitud de aprobación de parcela.
Cuando se le preguntó sobre la llamada, dijo: «Mi conversación con ella fue que es un derecho del terrateniente. Tienen ese derecho. Si el terrateniente solicita, debemos aceptar la solicitud. Y ella no estaba conforme con eso», testificó Navarro.
Los registros de correo electrónico muestran que el capitán de bomberos Víctor Vidaurri envió al jefe de bomberos Guillermo Heard una copia del plano catastral. Heard le respondió a Navarro: «¿Podemos hablar sobre este terreno esta semana? La concejala Vanessa Pérez tenía una inquietud sobre el plano catastral, pero no creo que podamos detener el proceso».
Bajo juramento, Navarro testificó que «es muy raro que los bomberos tengan problemas con el terreno». El administrador municipal, Neeb, también dijo que no creía que fuera normal que el jefe de bomberos solicitara la solicitud de terreno de Gubagreen.
