El Instituto Nacional Electoral (INE) dispondrá «solo» de 4 mil millones de pesos para organizar las elecciones judiciales de 2025, una cifra muy inferior a los 13 mil millones que había solicitado para este proceso.
El presupuesto total aprobado para el INE es de 27 mil millones de pesos, de los cuales la mayor parte será destinada a sus actividades ordinarias.
De acuerdo con Claudia Zavala, consejera electoral, los recursos limitados obligarán a reducir el número de casillas y optar por centros masivos de votación.
Este cambio logístico podría «dificultar la participación ciudadana, ya que los centros estarán más alejados de los domicilios, concentrando a más votantes en menos ubicaciones».
La falta de presupuesto también afectará la contratación de personal especializado en capacitación y supervisión electoral. Según Zavala, no será posible contratar a las más de 50 mil personas necesarias para llevar a cabo estas funciones, lo que añade otra dificultad para garantizar el correcto desarrollo de las elecciones.
El proceso de renovación del Poder Judicial, que implica imprimir y distribuir múltiples boletas por ciudadano, aumentará la carga logística y los costos de seguridad.
Zavala señaló que la organización de elecciones de esta magnitud requiere una inversión considerable y destacó que «cada peso solicitado al Congreso fue plenamente justificado».
El INE también deberá fiscalizar a un alto número de candidatos en un corto periodo.
A pesar de los recortes, Zavala enfatizó «la importancia de garantizar los derechos democráticos de la ciudadanía, aunque con recursos limitados, las elecciones podrían ser más complicadas de lo habitual».
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