En su último esfuerzo por aumentar la supervisión de los campamentos tras las mortales inundaciones del 4 de julio, los funcionarios de Texas han propuesto aumentar las tarifas de licencia anuales para los operadores en miles de dólares y reducir el número de representantes de los campamentos en un comité estatal que asesora sobre las regulaciones de la industria.
El martes, el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas, que regula los campamentos, publicó una serie de nuevas reglas en el Registro de Texas que entrarían en vigencia el próximo año, y entre ellas hay propuestas que aumentarían las tarifas de licencias para campamentos en función del tamaño y el tipo de campamentos.
Actualmente, la tarifa inicial de la licencia es de $250 para cualquier campamento de día y de $750 para cualquier campamento residencial, como un campamento de verano con pernoctación. La tarifa de renovación anual oscila entre $52 y $155 para los campamentos de día y entre $103 y $464 para los campamentos residenciales.
Se espera que la tarifa inicial de licencia para un campamento juvenil diurno con 99 o menos participantes al año ascienda a $950 y pueda llegar a $3,500 para aquellos con 5,000 o más participantes. La tarifa inicial de licencia es aún más alta para los campamentos juveniles residenciales, llegando a $2,150 para los campamentos con 99 o menos participantes y a $21,000 para los de 10,000 o más participantes.
Las tarifas de renovación anual oscilarían entre $750 y $19,500, dependiendo del tamaño y el tipo de campamento.
Dan Neal, representante de la Asociación de Campamentos para el Progreso Mutuo, una firma de cabildeo en campamentos, y propietario del Campamento Doublecreek, con sede en Georgetown, declaró el miércoles a The Texas Tribune que el aumento de las tarifas impactará al sistema. Sin embargo, la mayoría de los propietarios de campamentos reconocen que el aumento es necesario para que el DSHS pueda contratar más inspectores y reconstruir el programa de campamentos juveniles, añadió.
«Tenemos la esperanza de que una vez que el programa se restablezca por completo y funcione sin problemas durante varios años, los niveles de las tarifas puedan reevaluarse y reducirse adecuadamente», dijo.
El mes pasado, el Departamento de Servicios de Salud del Estado insinuó el drástico cambio durante una reunión para discutir el lanzamiento de un par de proyectos de ley de seguridad en campamentos que la Legislatura aprobó en respuesta a las inundaciones del 4 de julio en Hill Country que mataron al menos a 137 personas, incluidos 27 campistas y consejeros en Camp Mystic.
En esa reunión y en una encuesta que el estado llevó a cabo en otoño, varios operadores de campamentos dijeron que dichas tarifas de licencia y otros requisitos nuevos podrían dejar a muchos en la industria sin negocio porque la mayoría de los campamentos son pequeñas organizaciones sin fines de lucro.
“Esto supone una carga excesiva para los campamentos más pequeños o remotos”, según una encuesta del campamento Boxwoods, con sede en Livingston, obtenida por The Texas Tribune. “Todos los costos derivados de esta legislación no deberían repercutirse en los campamentos”.
También se propuso el martes una reforma del poco conocido Comité Asesor de Campamentos Juveniles , que se reúne semestralmente para solicitar cambios en las normas a la agencia estatal de salud y a los legisladores durante sus sesiones. El Texas Tribune descubrió que, durante muchos años, la composición de este comité ha sido principalmente la dirección del campamento y que, si bien sus miembros no pueden establecer normas, sí pueden influir en el impacto que estas tienen en la industria. Britt Eastland, de Camp Mystic, es miembro actual.
El cambio propuesto al comité asesor de nueve personas reduciría el número de operadores de campamento en la junta de siete a cuatro y los reemplazaría con puestos especializados, como uno para un padre o madre que haya asistido al campamento en los últimos dos años. También requiere que el comité incluya a una persona especializada en actividades de campamento, un experto en abuso infantil, un psicólogo pediátrico o un psiquiatra.
Neal, quien también preside el comité asesor de campamentos del estado , dijo que la estructura propuesta está bien equilibrada y garantiza la representación de toda la gama de tipos de campamentos juveniles.
“También agradecemos la incorporación de un padre/madre de un campista, un experto en seguridad y un experto en salud mental juvenil. Sus perspectivas serán valiosas y contribuirán a crear un comité más integral”, afirmó. “El Comité Asesor de Campamentos Juveniles desempeñará un papel importante en los próximos años a medida que las disposiciones de Heaven’s 27 y la Ley Youth CAMPER se implementen en la práctica”.
Otros cambios propuestos incluyen la prohibición de que un campamento juvenil ubique una cabaña dentro de una llanura aluvial de 100 años identificada por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, a menos que esté ubicada en una masa de agua estancada, como un lago o estanque, o no esté conectada a un curso de agua, como un río o arroyo, y el agua resultante esté represada. Incluso si la cabaña se encuentra dentro de estas excepciones, debe estar a 305 metros de un cauce de inundación, y el operador del campamento debe instalar y mantener escaleras de emergencia que permitan acceder al techo de la cabaña.
El operador de un campamento juvenil también deberá proporcionar y mantener servicios de Internet de banda ancha utilizando instalaciones de fibra óptica de extremo a extremo y una conexión a Internet de banda ancha secundaria.
Varios operadores de campamentos dijeron en la encuesta estatal que estaban preocupados por los requisitos de banda ancha debido a su remota ubicación geográfica.
Nos pusimos en contacto con AT&T (nuestro proveedor local de internet) para solicitar un presupuesto para la instalación de fibra óptica y nos dieron un precio exorbitante de 1,7 millones de dólares. Esto es prohibitivo y prácticamente imposible de conseguir para nosotros, según una respuesta de Forest Glen Camps, con sede en Huntsville.
Los campamentos y otras partes interesadas pueden enviar comentarios sobre las reglas propuestas antes del 19 de diciembre.



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