La Asamblea de la República de Portugal ha dado luz verde definitiva a un proyecto de ley que prohíbe la ocultación del rostro en la vía pública. El texto aprobado restringe de forma efectiva el uso de prendas como el burka y el niqab en la gran mayoría de los espacios públicos del país.
La medida salió adelante gracias al respaldo mayoritario del bloque de centroderecha y derecha en el hemiciclo. Votaron a favor el gobernante Partido Social Demócrata (PSD), el democristiano CDS-PP, Iniciativa Liberal y el partido de ultraderecha Chega. El bloque de izquierda parlamentaria votó en bloque en contra de la norma. Argumentan que esta disposición vulnera de forma directa los derechos fundamentales y la libertad religiosa de las minorías.
El origen del texto final nace de una propuesta de Chega presentada formalmente en octubre de 2025. Tras ocho meses bloqueada en comisión por dudas sobre su constitucionalidad, el PSD impulsó modificaciones. El texto suavizó las referencias directas a motivos confesionales para enfocarse formalmente en la «seguridad y el orden público».
Multas y excepciones reguladas
La nueva legislación prevé un régimen de sanciones administrativas en lugar de las penas de prisión que proponían los borradores iniciales:
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- Multas económicas: Las sanciones oscilarán entre los 200 y los 2.000 euros en los casos de infracción por negligencia, pudiendo alcanzar los 4.000 euros si se demuestra dolo o intencionalidad.
- Excepciones admitidas: Quedará permitido cubrirse el rostro por razones de salud pública, seguridad laboral, eventos culturales específicos, dentro de aviones comerciales, oficinas consulares y lugares de culto religioso.
Reacciones internacionales y próximos pasos
Organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, han condenado la aprobación al tildar la ley de discriminatoria y restrictiva para la autonomía personal de las mujeres musulmanas. Portugal se suma así a la lista de naciones europeas con regulaciones similares sobre la vestimenta en espacios públicos, como Francia, Bélgica o Austria.
La norma ha sido remitida al despacho del presidente de la República, António José Seguro. El jefe del Estado dispone ahora de la facultad legal para promulgar la ley de forma directa, ejercer su derecho al veto o enviarla formalmente ante el Tribunal Constitucional para que evalúe su encaje legal antes de su entrada en vigor.
