En lo que representa el mayor esfuerzo coordinado a nivel continental para salvaguardar el bienestar emocional de los jóvenes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que propondrá formalmente restringir el acceso autónomo a las redes sociales a los menores de 13 años en todo el territorio de la Unión Europea (UE). La histórica iniciativa legislativa, fundamentada en un riguroso informe elaborado por expertos independientes, busca establecer un marco regulatorio unificado y obligatorio para los 27 países del bloque.
«No damos las llaves de un coche a nadie antes de que tenga el carné de conducir», argumentó Von der Leyen para justificar la urgencia de establecer límites legales estrictos en el entorno digital. Los detalles técnicos y el redactado final de la propuesta se presentarán de forma oficial previsiblemente el próximo mes de septiembre.
Un modelo de acceso digital progresivo
El plan estratégico impulsado por el Ejecutivo comunitario no plantea una prohibición absoluta, sino un modelo de acceso escalonado y supervisado a la tecnología según la madurez del menor:
- De 0 a 3 años: Restricción total de pantallas y entornos digitales.
- Menores de 13 años: Prohibición del acceso autónomo a redes sociales; cualquier uso deberá realizarse bajo estricta supervisión parental.
- De 13 a 18 años: Acceso permitido a las plataformas, pero con la condición obligatoria de que estas operen sin algoritmos adictivos o de recomendación personalizada.
Algoritmos en el punto de mira y verificación de edad
El informe científico en el que se apoya Bruselas asocia de forma directa el uso excesivo de pantallas y la exposición a plataformas digitales con un incremento notable de problemas emocionales en la población joven. Los expertos apuntan a los algoritmos de las grandes tecnológicas como los principales responsables de generar conductas adictivas y de riesgo.
Para materializar esta regulación, la UE contempla la implementación de sistemas avanzados y unificados de verificación de edad en internet. La propuesta trasladará toda la responsabilidad legal y tecnológica a las propias plataformas, que deberán garantizar entornos cien por cien seguros si quieren operar en el mercado europeo. No obstante, Bruselas mantendrá un principio de flexibilidad que permitirá a los Estados miembros aplicar leyes locales todavía más restrictivas si así lo consideran necesario.
